VIVIENDA SOCIAL EN CHILE: ENTRE LA REALIDAD Y EL MITO.
Por otro lado, ostentamos también el record de las viviendas sociales más baratas del mundo, lo que se ha logrado anulando la responsabilidad del estado en este tema y traspasando a los privados la ejecución y la responsabilidad de su ubicación en la trama urbana, con una baja significativa en la calidad de las mismas y ubicándolas en zonas periféricas, cuyo valor es solo compatible con los intereses de las constructoras que han hecho enormes utilidades a costa del ahorro, de los sueños y las expectativas de los más pobres de nuestra sociedad.
Una muestra dramática de aquello es el caso de las casas inconclusas entregadas en la ciudad de Calama, sin agua ni luz eléctrica, o las viviendas construidas en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas servidas en la misma ciudad, o las casetas sanitarias entregadas en el sur, o aquellas que han debido ser demolidas en otras partes del país porque no resistieron siquiera, la primera lluvia luego de su entrega.
Esta cruda realidad, asistida por las fuerzas de la naturaleza, nos recuerda el verdadero lugar que ocupan las políticas de vivienda en nuestro país, desde la dictadura militar hasta nuestros días y nos llaman de manera urgente a no seguir por el mismo camino. Casas de nylon, casas chubi, casas enanas y otros apelativos peores muestran los verdaderos resultados de estas políticas que si bien han logrado disminuir el déficit, no han logrado atender las reales necesidades del habitar y han generado problemas sociales mucho más complejos y difíciles de resolver.
La vivienda debe ser entendida como un espacio, que incluye el entorno físico, social y ambiental; en el cual se desarrolla lo esencial de la vida, incluidas las relaciones sociales y la autorrealización de las personas. En síntesis, la vivienda debe ser asumida como el lugar privilegiado que condensa como en el mejor de los resúmenes lo esencial de la vida.
Pocos comprenden, por ejemplo, que la conformación de extensos y lejanos barrios construidos a partir de programas de vivienda social, homogéneos en sus características socioeconómicas y culturales, ha generado una especie de islas de pobreza en donde los problemas urbanos y sociales se agudizan generando una percepción desesperanzadora acerca del futuro, lo que se ha convertido en tierra fértil para el surgimiento de comportamientos fuera de norma y delincuencia, generando la creciente sensación de inseguridad ciudadana, tan de moda en nuestros días.
Problemas como el desempleo, la drogadicción, el alcoholismo, la deserción escolar, el embarazo adolescente y la desvinculación del resto de la sociedad, junto a la falta de equipamiento básico como salud y educación, el hacinamiento y la falta de privacidad al interior de la vivienda más la carencia casi absoluta de servicios ambientales capaces de mitigar los efectos de la contaminación y de la sobreexplotación de los territorios que acogen a nuestras ciudades, han contribuido a generar una nueva forma de exclusión social que agudiza la situación de desamparo y dificulta las posibilidades de abandonar el círculo de la pobreza.
Todo esto ha convertido las viviendas sociales en productos desechables que desde el minuto de su entrega pasan a engrosar el parque de viviendas deficitarias, generando un desarrollo urbano y habitacional a todas luces no sustentable, puesto que invierte una cantidad tremenda de recursos en acciones que no solo no logran solucionar los problemas para los cuales fueron diseñadas sino que además generan otros, mucho más difíciles de resolver.
De ahí que sea imprescindible ligar las políticas de vivienda a políticas de inclusión social que incorporen el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al esparcimiento y a la cultura, al deporte, a las áreas verdes y a los servicios ambientales necesarios para un buen vivir.
Se hace necesario por último, incluir en las políticas habitacionales criterios de selección de sitios y de diseños urbano que permitan incorporar temas como el cuidado y la protección del medio ambiente y el manejo de los territorios, para evitar que se repitan los tristes episodios de los últimos años, caracterizados por la ubicación de proyectos de viviendas en sectores inhábiles o de riesgo, absolutamente inapropiados para la vida humana, lo que ha devenido en pérdidas millonarias de recursos del estado desperdiciados en reparaciones de calles, viviendas e infraestructura básica, cuando no en la demolición de las mismas.
Por lo mismo es que aparece como urgente que el estado reasuma su responsabilidad en la producción de viviendas sociales sustentables porque claramente estas no pueden seguir siendo solo un buen negocio.